El juez Pedro Salazar libró una orden de procesamiento “con prisión” sobre José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina por considerarlos “coautores penalmente responsables de homicidio muy especialmente agravado” en el caso de la mamá de Macarena Gelman, según apunta el fallo. Los cinco imputados ya fueron condenados por el asesinato de 28 opositores a las dictaduras uruguaya y argentina en el marco del Plan Cóndor. Además, el magistrado solicitó la extradición a Brasil y a la Argentina del militar retirado Manuel Cordero, quien también cumple una condena –en un penal argentino–. En tanto, desestimó los cargos de desaparición forzada pedidos por la fiscalía.
La medida tomada por el juez penal uruguayo comporta el primer paso en el proceso de juzgamiento de los represores por su responsabilidad en la privación de libertad y homicidio de María Claudia García Iruretagoyena. El juicio se llevará a cabo de manera reservada y por escrito, ya que en el país vecino no existe la figura de juicio oral y público, y por las pruebas en su contra que conforman el expediente, existen altas probabilidades de que los acusados sean condenados.
María Claudia fue secuestrada junto a su compañero, Marcelo Gelman, en Buenos Aires en 1976. Ambos fueron trasladados al centro de detención Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor –la causa que juzgó los delitos allí cometidos en Argentina acabó con altas condenas para los acusados–. Desde entonces, el camino de ambos se bifurcó. A él lo asesinaron y su cuerpo fue encontrado por el Equipo de Antropología Forense en 1989. Ella, embarazada, fue llevada por la Fuerza Aérea uruguaya hasta la sede del Servicio de Información de Defensa en Montevideo. Macarena nació en el Hospital Militar de esa ciudad y en enero de 1977 fue dejada en una canasta en la puerta de la casa de un policía, quien la crió. En 2000, la nieta del poeta supo su verdadera identidad y se cargó al hombro, junto con su abuelo, la lucha para que su país investigue qué pasó con sus madre y condene a los responsables.
Este es el primer auto de procesamiento dictado tras la aprobación, el jueves, de una norma que considera delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, todos los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura (1973-1985). De no existir tal decisión del Congreso, crímenes como el de María Claudia habrían caducado el próximo día 1º de noviembre, según decretó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del Uruguay. No obstante, voceros de la SCJ señalaron que en cualquier caso, al haberse iniciado este proceso antes de esa fecha límite, estos delitos aún no hubieran prescripto y el juicio no “estaría afectado” por esta medida.
Pero la declaración de lesa humanidad de delitos como el cometido en perjuicio de María Claudia no es el único hecho ocurrido en los últimos días que lo hizo retumbar y le agregó actualidad. Hace exactamente una semana, un grupo de antropólogos encontró restos humanos en un cuartel militar a las afueras de Montevideo mientras buscaban por orden judicial restos de desaparecidos, entre ellos los de la mamá de Macarena Gelman.
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