Sorpresa en el mundo editorial. Un millón de libros, fascículos y revistas, aproximadamente, estuvieron retenidos en la aduana argentina entre el jueves pasado y ayer por la noche, cuando el Gobierno decidió levantar las restricciones, según confirmaron a EL PAÍS fuentes comerciales. Las autoridades argentinas no explicaron los motivos por los que paralizaron esas importaciones y negaron conocer algo al respecto. La importación de libros no esta gravada en Argentina con ningún arancel, lo que hace todavía más inesperada la situación.
El sector editorial no ha recibido explicaciones sobre esta decisión
Las empresas editoriales no recibieron ninguna notificación previa sobre el cierre de la frontera ni sobre los motivos que pudieron haber llevado a ella. Según las primeras gestiones desarrolladas a través de las Cámaras de Comercio de los países más afectados, la Secretaría de Comercio, que dirige el polémico Guillermo Moreno, negó tener algo que ver con la paralización, al igual que el Ministerio de Industria.
Otras fuentes indicaron que la decisión estuvo relacionada con la AFIP (Administración Federal de Impuestos), pero esta información no pudo ser confirmada en la propia organización.
En otras ocasiones, el Gobierno argentino ha cerrado la frontera inesperadamente a la importación de determinados productos, en algunos casos para obligar a negociaciones que protejan a la industria nacional y en otros para disminuir la presión sobre la inflación. En esta ocasión, consta que el sector industrial relacionado con la impresión se había quejado de que parte de los libros y fascículos que se venden en Argentina se imprimen en otros países de Mercosur, como Uruguay o Paraguay. El sector editorial mantiene, por su parte, que la industria argentina no tiene capacidad suficiente para hacerse cargo de toda la demanda.
El cierre de la aduana tomó todavía más por sorpresa al sector, porque la administración argentina, que hizo pública una resolución sobre el tipo de tintas y contenidos en plomo que pueden usarse en Argentina y la obligación de quedar certificadas en un laboratorio expresamente designado a afecto, había establecido un plazo de varios meses para proceder a los ajustes necesarios.
Los representantes de los sectores editoriales afectados se mostraron disconformes con las restricciones anunciadas en la nueva normativa de impresión, entre otros motivos porque consideraban complicado la regulación y discriminatoria desde el momento en que la revistas y publicaciones semanales importadas no iban a necesitar esa certificación. Alegaban que una ley similar aprobada este año en Estados Unidos había excluido expresamente a los libros infantiles y educativos, cosa que no ocurre en la norma argentina. A su juicio, muchos de los libros producidos en el exterior e importados se reexportan, con lo que la venta al exterior se vería reducida. También podrían salir perjudicadas las más de mil librerías argentinas que importan libros por su cuenta, según datos de los editores. Las negociaciones estaban en marcha cuando llegó la noticia de la paralización fronteriza.
La Ley del Fomento del Libro y la Lectura, de junio de 2001, establece en su artículo doce que la exportación e importación de libros y complementos estará exenta de todo impuesto, tasa o gravamen. La producción y comercialización dentro de Argentina esta también exenta del impuesto al valor agregado.
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