Entre la alegría por ver que se dan pasos adelante y el descontento por considerarlos insuficientes. Así recibieron las ONG el anuncio del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre el futuro reglamento de control sobre la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
"Quiero aprobar un reglamento en consenso con los grupos parlamentarios y que se cumplan las recomendaciones de la Defensora del Pueblo", reiteró ayer el ministro en una entrevista en TVE, después de que el martes pasado anunciara que la Policía se limitará a tareas de vigilancia dentro de los centros. Sustituir las Fuerzas de Seguridad por trabajadores sociales, mejorar la asistencia sanitaria y solucionar la sobreocupación de los centros son algunas de esas recomendaciones.
"Se necesitan cambios sustanciales en los CIE y el anuncio del ministro es algo que pedimos desde hace mucho tiempo", aplaudió la portavoz de Pueblos Unidos, Cristina Manzanedo.
Otras organizaciones, en cambio, no recibieron igual la noticia. "Si esto es un primer paso, es muy pequeñito", sentenció Xavi Torredosa, portavoz de la plataforma Cies No. "Además, esos pasos tienen que encaminarse hacia el cierre", añadió. "Ya que existen, es positivo que se regulen, pero el horizonte tiene que ser su desaparición", opinó también Esteban Ibarra, de Movimiento contra la Intolerancia.
Para la Comisión de Ayuda al Refugiado (Cear), los CIE "no son un instrumento válido de gestión de migraciones porque privan de libertad a personas que no han cometido delitos". Y Sos Racismo, por su parte, defendió su postura habitual. "El reglamento es necesario para garantizar los Derechos Humanos de los internos, pero deben estar destinados a desaparecer", concluyó su portavoz, Mikel Mazkiaran.
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