No ha cesado de decirlo desde que se estrenó en el cargo de delegada del Gobierno en Madrid. Y ayer, lo volvió a repetir: "La situación con el15-M llegó un poco más lejos de lo que debería haber llegado [...]. Creo que no hubiera permitido un asentamiento de dos meses en pleno centro de Madrid". La conservadora Cristina Cifuentes volvía así a dar las claves de su plan de actuación respecto a las acciones del Movimiento 15-M, una estrategia que los indignados madrileños dicen haber empezado a "sufrir" y que no dudan en definir con sólo dos palabras: "Acoso policial".
Varios miembros de las asambleas que surgieron de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid y de grupos vinculados al 15-M como la plataforma Democracia Real Ya (DRY) denuncian que la "represión" ejercida por los efectivos policiales contra sus actividades se ha visto "incrementada" desde la llegada al poder del Gobierno de Mariano Rajoy. No olvidan incidentes ocurridos bajo el Ejecutivo socialista como las cargas policiales contra las marchas laicas del pasado agosto, pero aseguran haber percibido en los últimos meses un "acoso policial constante, diario, directo y dirigido" contra sus iniciativas que no existía antes de la llegada de los conservadores al Ejecutivo.
La Policía disuelve los cafés indignados' e identifica a sus asistentes
Carlos Paredes, de DRY, asegura que su colectivo ha detectado un "deterioro de los derechos humanos" con "cargas policiales indiscriminadas", como las de la protesta que se hizo el día en el que se anunció el decreto de la reforma laboral. Fuentes de la asamblea general de la Puerta del Sol señalan asimismo que la actuación policial ha experimentado en los últimos tiempos un cambio "bastante radical", aunque advierten de que esta estrategia "lo único que está haciendo es indignar más a la gente". "Pretenden acabar con el movimiento y no se dan cuenta de que con esto sólo logran que vaya a más, lo que no quiere decir que vaya a ser más violento", explican.
Derecho de reunión
A finales de enero, la Comisión Legal del 15-M de Madrid se hizo eco de esta situación a través de un comunicado en el que reivindicaba el derecho de reunión frente a las amenazas de la Delegación del Gobierno de imponer sanciones económicas a los promotores de asambleas que no estén oficialmente comunicadas. En el texto, denunciaban que este hecho supone un "grave retroceso" en la conquista de los derechos fundamentales e insistían en que esta "amenaza" ensancharía aún más "la brecha existente entre la ciudadanía y la clase política".
La delegada del Gobierno de Madrid no habría permitido acampar en Sol
Además de las detenciones, los indignados denuncian otras actuaciones como la disolución la semana pasada por parte de la Policía de los llamados cafés indignados, una reunión de encuentro y debate que llevaba meses celebrándose cada martes en la Puerta del Sol.
"Todas las personas que estaban en ese momento en la reunión fueron identificadas y serán presumiblemente multadas por el simple hecho de sentarse a hablar en un espacio público", señalan desde el grupo de Coordinación de Comunicación. Este encuentro, como casi todas las iniciativas del 15-M, no fue comunicado a la Delegación del Gobierno en Madrid, si bien los indignados recuerdan que difunden "todas sus actividades" a través de internet.
En un censo provisional elaborado por la Comisión Legal, los indignados calculan que hasta enero de 2012 hubo 75 personas detenidas en movilizaciones, cuatro en desahucios, 33 sanciones administrativas, 114 identificadas en okupaciones vinculadas al movimiento y cinco casos de juicios de faltas. No obstante, advierten de que estas cifras pueden representar sólo un 10% del total.
Interpelada por los periodistas, Cifuentes también aseguró tener la "impresión" de que sus predecesoras en el cargo "en ocasiones, se pusieron un poco de perfil" en cuestiones que eran de su competencia como la acampada de la Puerta del Sol de Madrid. Unas palabras provocaron la indignación de las de las aludidas.
Dolores Carrión, su inmediata antecesora, afirmó que "siempre" se limitó a "cumplir con la ley en vigor". Por su parte, Amparo Valcarce, en el cargo hasta abril de 2011, dijo que además de "cumplir y hacer cumplir la ley", ambas "respetaron" los derechos y libertades públicas de los ciudadanos. "Me preocupa el tic autoritario de Cifuentes. Es un ejemplo del modelo de gestión del PP, que no es otro que el del palo y tentetieso", censuró.
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